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Estamos en contra de los posicionamientos políticos distorsionadores, interesados, electoralistas o con fines encubiertos y más cuando se trata de un tema tan importante y delicado como el patrimonio lingüístico aragonés y su futuro.
Ante la futura ley de lenguas de Aragón solo nos cabe mantenernos fieles a nuestro pensamiento y pronunciarnos con total honestidad, ?bajo ningún tipo de excusa se puede suprimir o se debe privar a todos aquellos aragoneses que en determinadas zonas o poblaciones de Aragón y desde hace siglos, vienen hablando otras lenguas propias, incluso maternas, distintas del español o castellano, porque ?el seguir hablándolas? es uno de los derechos humanos fundamentales, asistiéndoles además, todo el derecho histórico, autonómico y constitucional de aprenderlas, conservarlas y usarlas?.
Hay que aplicar sin demagogias y con criterios de normalidad, la realidad existente en el panorama lingüístico aragonés, atendiendo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 3 de nuestra constitución de 1978:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
- La constitución es la que nos garantiza y proporciona nuestros deberes y derechos, entre ellos a conservar y expresarnos en las lenguas propias existentes en cada comunidad autónoma.
- Negar este derecho es solo síntoma de incongruencia democrática, política y constitucional, y de una discriminación sin precedentes hacia una parte de los habitantes y de la sociedad aragonesa.
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